La defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Nueva York y acusado en un caso federal, advirtió que la administración estadounidense impide que su defensa legal sea financiada por el Gobierno de Venezuela, generando un desafío inesperado en su proceso judicial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había autorizado inicialmente que el Estado venezolano cubriera los honorarios del abogado de Maduro. Sin embargo, esa licencia fue modificada pocas horas después, eliminando la posibilidad de que los fondos del Gobierno de Caracas se usaran para ese propósito.

Según la defensa, esta modificación deja al político sin los recursos para pagar su representación privada ante una corte federal en Brooklyn, donde se declaró inocente de cargos que incluyen narcotráfico y otros delitos.

El abogado Barry Pollack señaló en una carta al juez a cargo del caso que este giro podría afectar el derecho constitucional del acusado a contar con una defensa adecuada y pidió restaurar la autorización original.

La defensa sostiene que, bajo las leyes venezolanas, el Estado tiene la obligación de asumir el pago de la representación de quienes han sido presidentes y que, sin ese respaldo, el exmandatario no puede costear los servicios legales por cuenta propia.

Hasta ahora, la OFAC no ha explicado por qué se revocó la autorización, y el equipo legal prepara recursos ante el tribunal para buscar una solución antes de las próximas audiencias, previstas para finales de marzo.