Ordenan prisión para Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD
Ordenan prisión para Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), en el marco del proceso que investiga irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación se adoptó el 11 de marzo durante una sesión extraordinaria del alto tribunal en Bogotá. La votación se resolvió con la intervención de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes destrabaron el empate que se había presentado previamente.
Dentro del mismo proceso, la Corte decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un exparlamentario. Sin embargo, los demás implicados continuarán vinculados al caso sin medida de detención mientras avanza el juicio; entre ellos están los legisladores Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, así como el excongresista Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde.
Según la investigación, se habría estructurado un esquema para asegurar apoyos en las comisiones económicas del Congreso mediante la asignación de recursos públicos provenientes de la Ungrd hacia proyectos en municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
De acuerdo con el expediente, en la operación también estarían involucrados exfuncionarios del Gobierno nacional, entre ellos el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exfuncionario Carlos Ramón González. La Corte señala que la estrategia buscaba direccionar contratación estatal a cambio de respaldos políticos.
Los congresistas investigados han rechazado las acusaciones. Manzur aseguró que no tuvo vínculos con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, mientras que Manrique negó cualquier relación con supuestos desvíos de recursos públicos.
La defensa de los procesados había presentado varios recursos para frenar la decisión judicial, pero estos fueron descartados por la Corte, que resolvió continuar con el proceso.





