El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la imposición de penas de hasta cinco años de cautiverio contra cuatro funcionarios públicos que mantiene secuestrados desde 2025, en un hecho que ha generado rechazo del Gobierno nacional y organismos de control.

De acuerdo con información reciente, los afectados son dos integrantes de la Policía Nacional y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes fueron retenidos en el departamento de Arauca en diferentes operativos ilegales.

El ELN aseguró que las víctimas fueron sometidas a un llamado “juicio revolucionario”, en el que se les acusa de supuestos delitos como espionaje y acciones contra la organización, razón por la cual decidió prolongar su permanencia en cautiverio por periodos que oscilan entre 36 y 60 meses.

Frente a esta decisión, la delegación de paz del Gobierno colombiano rechazó el anuncio y exigió la liberación inmediata de los secuestrados, calificando la medida como una violación al Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, hizo un llamado al grupo armado para que respete la vida y la integridad de los funcionarios.

El caso vuelve a tensionar el panorama de seguridad en el país y pone en evidencia las dificultades en los procesos de diálogo con esta guerrilla, en medio de reiteradas denuncias por secuestro y otras acciones violentas en distintas regiones.