Las instituciones públicas de salud que resultaron afectadas por el sismo del 10 de agosto tendrán hasta seis meses para cumplir con el reporte de información requerido al Estado. La medida busca dar mayor margen a los centros asistenciales que todavía enfrentan dificultades derivadas de la emergencia.

El anuncio hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para apoyar la recuperación de la red pública de salud en los territorios afectados. El Decreto 1415 de 2026 también contempla recursos y mecanismos para reparar, reconstruir, dotar y equipar hospitales que presentaron daños.

Con estas disposiciones se busca facilitar el proceso de recuperación de los servicios de salud mientras avanzan las intervenciones en las instituciones afectadas. La emergencia dejó daños en establecimientos de salud de varios departamentos, entre ellos Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó.