La discusión por el incremento del salario mínimo sumó un nuevo capítulo judicial. Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de Subsidio Familiar, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el propósito de que se deje sin efectos el auto mediante el cual un magistrado de la Sección Segunda suspendió el decreto que fijaba el aumento.

Según explicó el jurista, la medida cautelar adoptada afecta de manera directa a millones de trabajadores que reciben el mínimo mensual. A su juicio, la suspensión genera un perjuicio grave no solo en materia económica, sino también en términos de estabilidad social y bienestar general.

Pérez advirtió que el impacto no se limita a empleados del sector privado. Señaló que más de 100 mil soldados y policías que por primera vez accederían al salario vital también resultarían afectados, al igual que cerca de 10 mil médicos residentes y 500 mil aprendices del Sena.

En su argumentación, el exfuncionario sostiene que la decisión desconoce compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, entre ellos los relacionados con la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Además, recordó que la legislación nacional protege el interés colectivo y que el salario mínimo vital constituye, en su criterio, un derecho adquirido.