El reciente acuerdo entre el gremio transportador y el Gobierno, que redujo el aumento del precio del ACPM (diésel) de $1.904 a $800, generará un impacto fiscal significativo, dejando un déficit de $11 billones anuales. Este ajuste se logró para levantar el paro camionero de cuatro días, evitando una crisis más grave en la economía y en el costo de vida.

Inicialmente, el aumento propuesto de $1.904 por galón iba a ahorrar al Gobierno unos $1,6 billones a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Sin embargo, con el acuerdo final, el ahorro será de solo $600.000 millones, representando el 42 % de lo previsto.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que este ajuste elevará el déficit del Fepc, que en 2023 ya alcanzó los $20 billones. Con el incremento de $800, el déficit fiscal del país subirá a $11 billones, un billón más de lo proyectado con el ajuste inicial de $1.904.

Aunque el acuerdo ayudó a detener el paro y evitó mayores pérdidas económicas inmediatas, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señala que un aumento en el precio del ACPM es inevitable para reducir el déficit fiscal y ajustar el mercado de combustibles a estándares internacionales. Esto es clave para garantizar la sostenibilidad financiera del país y evitar una mayor carga fiscal en el futuro. Para 2025, se estima que Colombia podría necesitar $10 billones adicionales para cubrir el déficit generado este año.

A pesar de que el ajuste ha aliviado tensiones a corto plazo, el reto a largo plazo será equilibrar la carga fiscal con la necesidad de seguir aumentando los precios del diésel y promover la transición hacia energías más limpias.