En un fallo que ha resonado con fuerza entre los habitantes de Armenia, el Tribunal Administrativo del Quindío ha declarado inválido el proyecto de acuerdo 003 de 2024. Este proyecto, aprobado por el concejo municipal el pasado 11 de marzo, autorizaba al alcalde James Padilla García a entregar en concesión varios servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta) por los próximos 15 años.

La sesión en la que se aprobó el proyecto fue maratónica, con ocho horas de intensos debates y la participación de 145 personas que expusieron sus puntos de vista tanto a favor como en contra. El proyecto proponía la implementación de 20 cámaras de fotomultas en puntos críticos de la ciudad, con el objetivo de detectar y sancionar infracciones de tránsito de manera más eficiente.

A pesar de la aprobación, el proyecto no estuvo exento de controversias. La propuesta de delegar la gestión del recaudo de las fotomultas a un actor particular generó desconfianza entre los ciudadanos, quienes veían esta medida como una posible privatización de servicios públicos esenciales. Además, la oposición en el concejo destacó la debilidad técnica del proyecto, señalando que no estaba suficientemente sustentado.

Tras la aprobación en el concejo, el acuerdo fue remitido a la gobernación departamental para su análisis. El secretario jurídico del departamento encontró varias inconsistencias en los estudios de soporte de la concesión y en la claridad del título del acuerdo, que no especificaba claramente cuáles servicios serían concesionados. Ante estas irregularidades, el gobernador Juan Miguel Galvis tomó la decisión de proteger los intereses de los ciudadanos y envió el proyecto al Tribunal Administrativo del Quindío.