Tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá —Manuel Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo— decidirán la apelación presentada por la defensa de Álvaro Uribe, tras su condena por soborno en actuación penal y fraude procesal. Los jueces ya han intervenido en el caso, validando pruebas polémicas como interceptaciones telefónicas, y ahora enfrentan un plazo crítico: si no hay resolución antes del 16 de octubre, el proceso podría prescribir.

Mientras tanto, la jueza Sandra Heredia evaluará este 1.º de agosto si concede la detención domiciliaria al expresidente, luego de reconocer su cumplimiento en las citaciones judiciales. La defensa alega que Uribe tiene arraigo y actividades legales, mientras que las víctimas no se oponen a esta medida por razones humanitarias.

Los magistrados, aunque han tomado decisiones previas en el caso, no están impedidos para fallar en segunda instancia, según expertos, pues sus resoluciones anteriores no prejuzgan el fondo del asunto. En el pasado, avalaron la teoría del «dolo directo»; es decir, que Uribe actuó con intención de manipular testigos.

El proceso avanza contra el tiempo: tras la apelación, la Sala Penal tendrá dos meses para resolver. Si el fallo mantiene la condena, Uribe —quien conserva la presunción de inocencia— aún podría recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación.

Fotografía tomada de: Alerta Quindío