Gobierno considera medidas en el mercado de arriendos para combatir la inflación.

El presidente Gustavo Petro sugirió recientemente que el Gobierno podría intervenir en el mercado inmobiliario como medida para combatir la inflación, que alcanzó el 7,18% en junio. En su discurso sobre la reforma pensional, Petro destacó la necesidad de ajustar la fórmula de pago a los generadores eléctricos y advirtió sobre una posible intervención en el mercado de arriendos si continúa la especulación.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los arriendos representaron el 25% de la canasta de inflación hasta junio, considerando tanto el arriendo imputado (costo estimado de ocupar una vivienda propia) como el arriendo efectivo (lo que pagan las familias que viven en alquiler). En mayo, el arriendo efectivo alcanzó el 8,24% y el arriendo imputado el 8,02%, ambos registrando el mayor incremento del siglo XXI. Para junio, estos componentes disminuyeron ligeramente, pero se mantienen entre los más altos del presente siglo.

Julio Romero, economista jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que el alto costo de los arriendos en 2024 se debe a la indexación regulada por la ley, con la mayor parte de los incrementos ocurriendo en la primera mitad del año. Romero espera que la desaceleración de la inflación de arriendos en la segunda mitad del año reduzca la presión sobre la inflación total.

La posibilidad de una intervención gubernamental ha generado diversas reacciones entre los analistas del mercado. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, advirtió que una intervención estatal podría desordenar la dinámica del mercado, elevando costos y promoviendo la informalidad. Alejandro Lobo, analista del sector, agregó que la regulación de precios sería inviable debido a la naturaleza informal de muchos acuerdos de arrendamiento.

Por otro lado, Catalina Velasco, exministra de Vivienda, apoyó la visión del presidente Petro, señalando que el costo del arriendo es un factor clave que impide una reducción más rápida de la inflación. La Ley 820 de 2003 establece que el reajuste anual del canon no puede superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

En resumen, mientras el Gobierno considera intervenir el mercado inmobiliario para controlar la inflación, los expertos debaten sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de tal medida, sugiriendo en cambio, un enfoque en la reducción del déficit habitacional.