Diana Marcela Toro Osorio, personera de Marsella, Risaralda, enfrenta cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a una presunta falta de respuesta oportuna a un derecho de petición presentado por la Asociación de Mujeres GRUMAS. La solicitud buscaba corregir la fecha de un documento relacionado con la designación de la representante de enfoque de mujer en la Mesa de Víctimas.

Según la Provincial de Instrucción de Pereira, la funcionaria habría ignorado el documento firmado por las integrantes de GRUMAS y una declaración que aclaraba un error en la fecha, donde se registró 2020 en lugar de 2021. A pesar de que el documento fue recibido el 26 de marzo de 2021, Toro Osorio no respondió hasta el 21 de octubre de ese año, tras una acción de tutela.

La Procuraduría sostiene que esta demora vulneró el derecho de participación de la representante y violó los principios de celeridad y eficacia en la función pública, calificando provisionalmente la falta como grave.