La Gobernación de Risaralda, junto con la Defensoría del Pueblo, el ICBF y otras entidades del Ministerio Público, puso en marcha una estrategia de prevención para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. La atención se concentra especialmente en municipios como Pueblo Rico, debido al panorama de seguridad en la zona limítrofe con Chocó.

Aunque hasta el momento no existen denuncias ni evidencias de casos de reclutamiento en comunidades indígenas del departamento, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para detectar de manera oportuna cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población menor de edad. Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, los propios gobernadores indígenas han manifestado que no se han registrado hechos de este tipo, pero la prioridad es impedir que lleguen a ocurrir.

La estrategia contempla un trabajo articulado entre las instituciones para fortalecer la presencia del Estado en los territorios más vulnerables y garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estas acciones se desarrollan de forma paralela a los operativos de seguridad que buscan evitar la expansión de estructuras armadas hacia el occidente del departamento.

La preocupación de las autoridades se da en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente una Alerta Temprana para municipios como Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, advirtiendo sobre los riesgos que representa la presencia y disputa territorial de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, para la población civil y, especialmente, para niños, niñas y adolescentes.