El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de forma provisional el Decreto 182 de 2026, una norma del Gobierno que buscaba reorganizar el aseguramiento en salud en el país. La decisión se conoció recientemente tras una acción popular presentada por asociaciones de usuarios, que alertaron sobre posibles riesgos para los derechos de millones de afiliados si el decreto entraba en vigencia.

Según los demandantes, la medida permitiría reorganizar territorialmente a las EPS y trasladar afiliados entre entidades, lo que podría afectar la libre elección de aseguradora y la continuidad de tratamientos médicos. Tras el fallo, organizaciones de usuarios anunciaron que seguirán impulsando acciones para impedir que el decreto vuelva a aplicarse, mientras desde el gremio de las EPS, representado por ACEMI, respaldaron la decisión judicial.

En medio del debate, pacientes han expresado preocupación por los posibles efectos de estos cambios en sus procesos médicos. Personas con enfermedades de alto costo o tratamientos en curso temen que un eventual traslado de EPS implique reiniciar procedimientos clínicos, lo que podría retrasar la atención. Por ahora, el futuro del decreto sigue en estudio mientras el tribunal analiza de fondo la demanda que definirá si la norma se mantiene suspendida o se retira definitivamente.