Denuncian lentitud en caso de abuso sexual por docente en el Quindío: familia pide justicia sin demoras

Ocho años después de denunciar el abuso sexual cometido por un docente de la Institución Educativa Jesús María Morales en Calarcá, la familia del menor afectado sigue esperando justicia. Aunque la Procuraduría sancionó en 2020 al profesor Byron Guinand Arias con destitución e inhabilidad por 15 años, el proceso penal avanza con lentitud, lleno de aplazamientos. El padre del niño, Leonardo Fabio Hernández, denuncia que cada audiencia se pospone hasta el último momento, prolongando el sufrimiento de la víctima y su familia.

El caso se remonta a 2017, cuando el niño, entonces de siete años, comenzó a mostrar cambios drásticos en su comportamiento. Tras un año de silencio, reveló el abuso a una trabajadora social. Sin embargo, pese a las pruebas y la sanción disciplinaria, el proceso judicial no ha avanzado significativamente. «Solo logramos que lo inhabilitaran, pero él sigue libre, mientras mi hijo carga con las secuelas», lamentó Hernández.

La justicia parece lejana la próxima audiencia está programada para julio de 2026, casi una década después de los hechos. Mientras tanto, el docente sancionado permanece en libertad, y la familia teme que el caso quede en la impunidad. «Mi hijo sigue afectado; esto no es solo un proceso legal, es una vida marcada», expresó el padre.

El caso refleja las fallas del sistema judicial en delitos contra menores, donde las víctimas enfrentan no solo el trauma, sino también la desesperanza de un proceso que no prioriza su protección. La familia clama por celeridad y justicia, pero, hasta ahora, la respuesta sigue pendiente.

Fotografía tomada de: Procuraduría General de la Nación