Carla Quiñonez convirtió el dolor de su familia en una causa de defensa por los derechos de las niñas luego de que su hija, hoy de cuatro años, fuera sometida a una ablación o mutilación genital femenina presuntamente sin su consentimiento.

La menor continúa enfrentando secuelas físicas como dolores constantes y problemas urinarios derivados del procedimiento, una práctica que aún persiste en algunas comunidades indígenas emberá de Colombia bajo creencias culturales ancestrales.

Colombia es actualmente el único país de América Latina donde se siguen reportando casos de mutilación genital femenina. Según cifras oficiales, hasta octubre de 2025 se registraron al menos 25 casos, aunque organizaciones sociales advierten que podría existir un alto subregistro debido al silencio y temor que rodean esta práctica.

Mientras el Congreso avanza en el estudio de una ley que busca prohibir y castigar de manera más contundente la ablación, mujeres líderes y defensoras de derechos humanos trabajan en campañas de sensibilización para erradicar este fenómeno en distintas regiones del país.

Expertos en salud y derechos de la infancia advierten que la mutilación genital femenina puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas, además de representar una vulneración de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes.