Estado colombiano admite ante la CIDH su responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón 26 años después

Casi 26 años después del asesinato del periodista y comediante Jaime Garzón Forero, el Estado colombiano ha reconocido oficialmente su responsabilidad en el crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El anuncio fue realizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que en un comunicado admitió que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes estatales, marcando un giro decisivo tras décadas de silencio institucional.

El reconocimiento ocurre en el marco de un acuerdo con las víctimas y pone fin a 14 años de litigio internacional iniciado por la familia de Garzón y diversas organizaciones de derechos humanos. La decisión del Estado busca evitar que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una eventual condena habría tenido implicaciones más severas para Colombia.

Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, mientras se dirigía a su trabajo en una cadena radial. Dos sicarios lo atacaron a plena luz del día, disparándole cinco veces. Tenía 38 años. Su muerte significó la pérdida de una de las voces más incisivas del periodismo colombiano, recordado por sus imitaciones satíricas, denuncias de corrupción y constantes llamados a la paz en medio del conflicto armado.

El caso fue declarado crimen de lesa humanidad en 2016, lo que ha permitido mantener abiertas las investigaciones. Aunque se han dictado condenas contra el jefe paramilitar Carlos Castaño (ya fallecido) y el exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez, persisten varios expedientes que implican a otros oficiales retirados del Ejército y exagentes de inteligencia como presuntos coautores.

Durante años, la investigación estuvo marcada por dilaciones, desinformación y amenazas contra testigos. La versión inicial que atribuía el crimen a la guerrilla fue desmentida en 2009 gracias a testimonios de exparamilitares, entre ellos Francisco Villalba, quien implicó a altos mandos militares y fue asesinado ese mismo año tras denunciar amenazas.

En su reciente comunicado, el Estado también reconoció que las fallas en la investigación penal afectaron gravemente los derechos de los familiares de Garzón, en especial su derecho a la verdad y a la integridad personal.

El presidente Gustavo Petro ha manifestado su cercanía con la causa. En agosto de 2024, al conmemorar los 25 años del asesinato, recordó que su primer debate en el Congreso fue precisamente sobre el DAS y el crimen de Garzón. “En Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia”, afirmó entonces. En 2023, Petro designó a Marisol Garzón, hermana del periodista, como cónsul en Cancún, aunque el nombramiento fue anulado en 2024 por el Consejo de Estado al considerarlo irregular.

El reconocimiento de responsabilidad internacional representa un paso simbólico y jurídico de gran relevancia en la búsqueda de justicia y reparación por uno de los asesinatos más emblemáticos en la historia reciente de Colombia.

Fotografía tomada de: Banco de la República