Las megacárceles y la política de “mano dura” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se han convertido en un referente para sectores políticos que buscan enfrentar la inseguridad con medidas de alto impacto. Su estrategia, basada en un régimen de excepción, detenciones masivas y la construcción de grandes centros penitenciarios como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ha llamado la atención de líderes de derecha en países como Colombia y Perú, donde se han planteado propuestas inspiradas en este modelo.

El interés por la estrategia salvadoreña está relacionado con la reducción de homicidios que el gobierno de Bukele atribuye a sus medidas contra las pandillas y con las imágenes de miles de personas detenidas en grandes instalaciones penitenciarias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos han cuestionado el costo de esta política, señalando denuncias de detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y posibles abusos durante el régimen de excepción implementado en El Salvador.

Aunque el llamado “modelo Bukele” ha ganado apoyo entre quienes lo ven como una solución rápida frente al crimen, analistas advierten que no es una estrategia fácil de replicar en otros países por las diferencias sociales e institucionales. En Ecuador y Honduras se han aplicado medidas similares de militarización y endurecimiento de la seguridad, pero sin lograr resultados comparables en la reducción de la violencia. El debate continúa entre quienes defienden la mano dura como una respuesta efectiva y quienes alertan sobre sus posibles efectos en la democracia y los derechos humanos.