Ordenan estudios de riesgo y agua para 600 familias en Manizales

El Tribunal Administrativo de Caldas ordenó al Municipio de Manizales adelantar estudios técnicos para establecer si cuatro asentamientos ubicados en el norte de la ciudad pueden permanecer o deben ser reubicados por condiciones de riesgo. La medida cobija a cerca de 600 familias que habitan en Samaria, Alto Samaria, El Guamo y Alto del Guamo, entre ellas 394 víctimas del conflicto armado.

La decisión, emitida el 9 de febrero en segunda instancia dentro de una acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo, ordena que en un plazo máximo de cinco meses se determine si el riesgo por deslizamientos o inundaciones es mitigable. De no serlo, la Alcaldía deberá activar en 48 horas la ruta de reasentamiento y gestionar subsidios de vivienda. El proceso de reubicación podría extenderse hasta cuatro años.

Mientras se desarrollan los estudios, el Tribunal dispuso garantizar durante dos meses el acceso a agua apta para el consumo humano mediante carrotanques, pilas públicas o tanques fijos, en coordinación con Aguas de Manizales. Un informe del Laboratorio de Salud Pública evidenció que en Alto del Guamo el índice IRCA alcanzó 70,96, nivel de riesgo alto, por presencia de coliformes totales y E. coli. La sentencia advierte que la falta de legalización urbanística no puede impedir el acceso al agua, al estar ligado a la vida y la salud.

El fallo también aborda el servicio de energía. Conceptos técnicos de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) señalan conexiones irregulares que incumplen el reglamento eléctrico y representan riesgo de incendio. Una vez se entreguen los estudios de mitigación, la empresa tendrá seis meses para evaluar la eventual expansión y legalización del servicio. En cuanto al gas natural, se mantiene la imposibilidad de ampliación por la clasificación de riesgo del suelo.

Finalmente, el Tribunal ordenó al Municipio realizar tres jornadas de capacitación comunitaria sobre los procesos de legalización de asentamientos, requisitos y alternativas de financiación, en cumplimiento de la Ley 2044 de 2020 y el Decreto 1470 de 2024, que obligan a las administraciones locales a adelantar procesos de legalización o reubicación cuando se trate de asentamientos consolidados.